La memoria colectiva no constituye únicamente un ejercicio de evocación histórica, sino un deber jurídico y ético que interpela a toda la sociedad. Recordar implica reconocer las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, visibilizar a las víctimas y fortalecer las garantías de no repetición.
En este sentido, la construcción de una sociedad más justa exige mantener vigente el compromiso con la verdad, promoviendo el acceso a la información y la preservación de la memoria histórica, así como con la justicia, en tanto mecanismo indispensable para la reparación y la consolidación del Estado de Derecho.
Hoy, más que nunca, reafirmamos que la memoria es el camino imprescindible para evitar la reiteración de los hechos, garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales y sostener una convivencia democrática basada en la dignidad humana.